La incertidumbre del entorno por cambios sociales, políticos y económicos, o lo que se ha dado en describir como un mundo VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), sumada al aumento e intensificación de las demandas de los grupos de interés de la minería, son la base de la percepción de riesgo que existe en la industria en torno a la llamada Licencia para Operar. Ésta, resumidamente, consiste en una reputación positiva entre los stakeholders, entre los que se cuentan los accionistas, los colaboradores, las autoridades, las comunidades locales, las organizaciones ambientalistas, la opinión pública y otros grupos de interés. Cuando las relaciones con estos grupos se gestionan adecuadamente el resultado es una positiva reputación y, por ende, la obtención de una tácita “licencia” para el desarrollo de las actividades por la que deben trabajar permanentemente las empresas mineras, pero también todas las otras industrias, con las características propias de cada una y sus propios stakeholders.

El International Council on Mining & Metals, del que forman parte muchas de las empresas presentes en Chile así como el Consejo Minero en su conjunto, ha definido sus principios de actuación y autorregulación, sobre la base de las expectativas de la sociedad en torno a la actividad minera. El Fraser Institute elabora anualmente un ránking de el atractivo para invertir en los distintos países, sobre la base de las opiniones de expertos y profesionales del rubro a nivel mundial. El precio de las acciones de las compañías se mueve en función de las informaciones relacionadas con las actividades y eventos en torno a cada una. La lista de factores relacionados con las percepciones de los stakeholders de la minería es extensa y aumenta cada vez más. Por lo mismo, la gestión de reputación debe estar en el centro de sus preocupaciones y ocupaciones. El informe de EY da cuenta que ello está presente en la visión de las compañías. Está por verse cómo será la respuesta a este desafío y si el comportamiento de las mismas redundará en una positiva licencia para operar y, en definitiva, en una reputación que genere valor.

Nicolás Ibieta Illanes

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos

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A dos años de esa campaña, se acaba de dar a conocer una nueva versión del “Barómetro Antofagasta 2018”. El informe lo lleva a cabo anualmente desde 2016 el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, junto a la empresa de encuestas Mori Market Opinion Research International. Entre sus resultados, el estudio da cuenta de la distancia en la percepción que existe entre los antofagastinos respecto del aporte de la minería a la región y al país. Aun cuando es mayoritaria la satisfacción versus la insatisfacción si se habla del país (57% vs. 40%), cuando se pregunta específicamente por el aporte a la región los números se invierten. Un 37% afirma estar satisfecho y un 59% insatisfecho con la contribución de la minería al desarrollo de la región. La tendencia entre 2016 y 2018 se mantiene, con lo que cabe preguntarse por la reputación de la minería en el país, así como por la imagen que proyecta Chile en el extranjero como país minero.

A nivel internacional, la consultora Deloitte lanzó la décima versión de su informe sobre la minería “Tendencias para el 2018”. El diagnóstico se repite una y otra vez, como en la versión 2017 del International Council on Mining & Metals (ICMM), encuesta de stakeholders sobre sus percepciones de la industria o los resultados de la encuesta que el propio Consejo Minero realizó en su cena anual, que en su última edición dio cuenta de que la principal preocupación del mundo minero es una sola: la licencia social.

Tanto a nivel nacional como internacional, la percepción es que la industria minera tiene un peso muy relevante en la economía, sin embargo, tiene efectos muy negativos en el medioambiente y en la población. Es evidente que Chile necesita la minería —la del cobre, por cierto, y también la del oro, litio y otros minerales y metales—, pero ésta debe emprenderse ya no sólo con un permiso legal y de las autoridades, sino especialmente con la confianza de las comunidades.

Lo que parece prioritario, entonces, es avanzar en una nueva forma de relación de las empresas y sus proyectos, con las comunidades que reciben su impacto directo, pero en el caso de Chile también con todos los ciudadanos. El impacto de la minería es tan importante para el país que la licencia social no puede sino considerar a todos. Con mayor y menor grado de incidencia entre distintos grupos, pero somos todos los chilenos quienes nos vemos afectados por la industria y, por tanto, la confianza que se debe construir debe ser con toda la población. Las empresas lo necesitan, pero Chile también.

Nicolás Ibieta Illanes

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos

Columna publicada en Diario Financiero

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